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El pasado 9 de agosto, el ejecutivo nacional, promulgó la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización Tributaria, que tiene como objetivo establecer los principios, normas y procedimientos para la coordinación y armonización de los tributos entre el Poder Nacional, los estados y los municipios.

Esta ley busca garantizar la equidad, la justicia y la progresividad en el sistema tributario venezolano, así como evitar la doble tributación y la evasión fiscal. Además, pretende fortalecer la autonomía financiera de las entidades territoriales y fomentar la inversión productiva y el desarrollo económico y social del país.

La ley consta de 32 artículos distribuidos en cinco capítulos, que abordan aspectos como el ámbito de aplicación, los principios generales, los órganos competentes, el procedimiento de coordinación y armonización tributaria, las sanciones y las disposiciones transitorias y finales.

Entre las principales disposiciones de la ley se encuentran:

• La creación del Consejo Nacional de Coordinación y Armonización Tributaria, como órgano superior encargado de diseñar, planificar, ejecutar y evaluar las políticas de coordinación y armonización tributaria entre los distintos niveles de gobierno.
• La obligación de los estados y los municipios de adecuar sus ordenanzas tributarias a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Coordinación y Armonización Tributaria, así como de informar sobre sus ingresos y gastos fiscales.
• La facultad del Poder Nacional para establecer alícuotas máximas y mínimas para los tributos estadales y municipales, así como para exonerar o reducir dichos tributos en casos especiales.
• La prohibición de crear nuevos tributos que graven hechos imponibles ya gravados por el Poder Nacional, salvo autorización expresa del Consejo Nacional de Coordinación y Armonización Tributaria.
• La posibilidad de celebrar convenios de cooperación entre los distintos niveles de gobierno para facilitar la administración, recaudación, fiscalización y control de los tributos.
• La creación del Fondo Nacional para la Compensación Interterritorial Tributaria, como mecanismo para redistribuir los recursos fiscales entre las entidades territoriales según criterios de equidad, solidaridad y desarrollo.

Se espera que con su aplicación se logre una mayor eficiencia, transparencia y racionalidad en el manejo de los recursos públicos, así como una mejor distribución de las cargas y beneficios fiscales entre los ciudadanos.

Es una situación injusta y absurda que los ciudadanos tengan que pagar sumas exorbitantes por trámites administrativos como el registro de un título universitario. Las alcaldías y gobernaciones deberían facilitar y agilizar estos procesos, no ponerles más obstáculos y cargas económicas. ¿Qué sentido tiene que se exija el pago de 30 dólares en timbres por un documento que certifica el esfuerzo y la formación de una persona? Es una forma de desincentivar la educación y el desarrollo del país por ello la importancia de esta nueva ley que entra en vigencia a partir de este mes de agosto y se espera con ello reducir la carga tributaria de los ciudadanos a un nivel más racional.